Se negó a recibir transfusiones de sangre por considerar que esa práctica es contraria a las creencias del culto “Testigos de Jehova” que él profesa.

Este caso, por ejemplo, se presentó a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Argentina.

Confirmó la sentencia anterior que había autorizado la práctica, de “realizarse las transfusiones de sangre”, en el paciente M. B., necesarias para su adecuado tratamiento médico, medida que se apoyaba en las conclusiones de los médicos que las indicaron. No obstante, el abogado defensor del paciente, interpuso recurso de apelación que fue aceptado.

La Cámara entiende que la decisión del enfermo constituía un “suicidio lentificado realizado por un medio no violento y no por propia mano, mediante un acto, sino por la omisión propia del suicida”, quien no admitía tratamiento y de ese modo se dejaba morir.

El Tribunal señala que al ser el “derecho a la vida” el bien supremo, no resulta posible aceptar que la libertad individual se ejerciera de un modo tal que extinguiera la vida misma.

En primera instancia se calificó la posición del paciente como “nihilista” (negación de todo; propugna por la violencia destructora sin cortapisas). Además recordó la historia antigua que relataban sacrificios humanos a favor de un Moloch insaciable, por tanto, agrega el largo camino que ha recorrido la raza humana para terminar con dichas creencias, y todo ha sido con la finalidad de preservar la raza humana.

El abogado apelante considera erróneo la afirmación del juez de primera instancia de equiparar la decisión del paciente como un “suicidio lentificado”.

Al contrario, afirma, el enfermo quiere vivir, pero no desea un tratamiento médico contrario a sus más íntimas convicciones religiosas. Agrega, “él es consciente del peligro potencial que su negativa acarrea a su salud -incluso poner en peligro su vida-, no obstante lo cual antepone su fe y el respeto a sus íntimas convicciones religiosas”.

Se funda en los artículos 14 y 10 de la Constitución, para considerar que la “transfusión de sangre”, ordenada en contra de la voluntad del enfermo, representa un “acto compulsivo que desconoce y avasalla las garantías constitucionales inherentes a la libertad de culto y al principio de reserva”. La doctrina del fallo se observa dividida entre los jueces de apelación.

Los doctores Barra y Fayt, con votos favorables, entienden que cualquiera que sea el carácter jurídico que se le asigna al derecho a la vida, al cuerpo, a la libertad, a la dignidad, al honor, al nombre, a la intimidad, a la identidad personal, a la preservación de la fe religiosa, debe reconocerse que en nuestro tiempo encierran cuestiones de magnitud relacionadas con la esencia de cada ser humano y su naturaleza individual y social.

Por otra parte, los mismos juristas argentinos, argumentan en otra parte de su fallo, que el respeto por la persona es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental.

Los derechos a la personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. Los derechos que amparan la dignidad y la libertad se yerguen para prevalecer sobre los avances de ciertas formas de vida, impuestas por la tecnología y cosmovisiones dominadas por un sustancial materialismo práctico.

Los doctores Cavagna Martínez y Boggiano, disidentes en la Corte, afirman que la libertad religiosa es un derecho natural e inviolable de la persona, en virtud del cual en materia de religión nadie puede ser obligado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, tanto en privado como en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos.

La libertad religiosa incluye la posibilidad de ejercer la llamada objeción de conciencia, entendida como el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona, siempre que dicho cumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común.

Otra de las consideraciones, es que el Estado se halla investido de título suficiente para tutelar la integridad física y la vida de las personas en supuestos como el consumo individual de estupefacientes o la práctica de la eutanasia o de operaciones mutilantes carentes de una finalidad terapéutica.

En estos supuestos, dicen, no existe óbice constitucional para el castigo tanto del afectado como de los profesionales intervinientes, pues “constituyen manifestaciones de una cultura de la muerte que, al lesionar la naturaleza y la dignidad de la persona, no son susceptibles de tutela ni tolerancia jurídicas”.

Mientras Belluscio y Petracchi, entienden que no resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento y no afectara directamente derechos de terceros.