AMNISTÍA INTERNACIONAL : Eritrea

AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Índice AI: AFR 64/009/2006 (Público)
Servicio de Noticias: 239/2006
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR640092006

Fecha de embargo: 18 de septiembre de 2006 a las 00:01 horas GMT

Eritrea: Después de cinco años, parlamentarios y periodistas siguen en detención secreta sin juicio, y se teme que algunos hayan muerto bajo custodia

Hoy se cumplen cinco años desde la detención sin cargos ni juicio de 11 ex parlamentarios, 10 periodistas y cientos de personas más en la represión contra los opositores al gobierno que pedían reformas democráticas en septiembre de 2001.

Recientemente han circulado denuncias según las cuales varios de los 11 ex parlamentarios detenidos en una prisión secreta, y algunos periodistas que al parecer fueron recluidos con ellos, han muerto bajo custodia debido a las duras condiciones y a la denegación de tratamiento médico. Se afirma por ejemplo, sin que se haya podido confirmar ninguna respuesta por parte de las autoridades eritreas, que el general Ogbe Abraha, ex jefe del estado mayor de la Armada, murió en julio de 2002 a causa de las heridas sufridas en un intento fallido de suicidio, a pesar de haber recibido tratamiento médico. Al parecer, las otras muertes se produjeron en años posteriores por enfermedad de los detenidos. Amnistía Internacional no ha podido conseguir la confirmación de estas denuncias y está investigándolas. A pesar de los numerosos llamamientos que se han hecho en estos años y de la preocupación internacional por las detenciones, las autoridades nunca han desvelado el paradero ni las condiciones de detención de estas personas, ni han permitido acceso alguno a ellas.

Con el fin de aclarar la situación de estas personas, que de hecho “desaparecieron” tras su detención, Amnistía Internacional pide al gobierno que forme un equipo de investigación independiente e imparcial para que visite la prisión secreta en la que están, las entreviste en privado e informe públicamente sobre su situación y sus condiciones de detención y de salud. Amnistía Internacional insta de nuevo a que se encuadren las detenciones en el marco de las disposiciones constitucionales y legales de Eritrea, así como de los tratados internacionales de derechos humanos que este país ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado prohíbe la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los presos y los juicios sin garantías.

Los 11 parlamentarios (conocidos como miembros del “G15” o “Grupo de los 15”, entre los que había varios ex ministros) fueron acusados públicamente de “traición” durante la guerra con Etiopía, y los periodistas detenidos fueron acusados de apoyarlos con sus publicaciones como “espías y mercenarios”. No se han presentado cargos contra ninguno ni se los ha puesto a disposición judicial. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia, encarcelados por sus opiniones y su postura crítica frente al gobierno. La organización reitera su petición para que estas personas sean puestas en libertad sin condiciones, al igual que otros presos de conciencia, incluidos los encarcelados a causa de sus creencias religiosas.

La mayoría de los varios miles de personas que son presos políticos y religiosos en Eritrea están en régimen de incomunicación en cárceles secretas de seguridad o militares, sin que se hayan presentado cargos contra ellas ni hayan sido puestas a disposición judicial. A menudo sus familiares no saben dónde están, ni siquiera si están vivas. Las autoridades les dicen: “No tienen derecho a preguntar”. La atención médica que reciben estas personas es sumamente deficiente. Los malos tratos sistemáticos y las duras condiciones de detención, a menudo en contenedores metálicos de transporte de mercancías, han seguido invariables año tras año. La tortura sigue usándose habitualmente como castigo contra los presos reclutas y las personas presas por sus creencias religiosas.

Continúa la persecución religiosa
Continúa la constante de persecución religiosa de la que informó Amnistía Internacional en diciembre de 2005. Según los informes, unos 50 estudiantes fueron detenidos en mayo de 2006 por no asistir a una marcha el día de la independencia. A mediados de agosto de 2006, 29 personas que asistían a reuniones de oración en domicilios fueron detenidas en la capital, Asmara, la ciudad de Keren y el puerto de Massawa.

En total son unos 2.000 los hombres, mujeres y menores que están recluidos en unas 14 cárceles de todo el país. Entre ellos hay 35 pastores pertenecientes a iglesias cristianas evangélicas cerradas en 2002. La cantante de gospels Helen Berhane, en favor de la cual ha habido miles de llamamientos en todo el mundo sin que el gobierno haya respondido a ellos, lleva en régimen de incomunicación bajo la custodia del ejército más de dos años. Aunque a estas personas les han ofrecido la libertad si firman un documento en el que declaran abandonar su fe y dejar el culto clandestino, pocas de ellas lo han hecho, ni siquiera bajo tortura.

También hay detenidos 31 personas pertenecientes a los testigos de Jehová, 3 de las cuales llevan 13 años encarceladas, y cuatro religiosos de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, cuyo patriarca, según los informes, está bajo arresto domiciliario.

Unos 70 integrantes de un grupo musulmán disidente llevan 2 años detenidos sin cargos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La independencia oficial de Eritrea data del 24 de mayo de 1993 y se produjo tras un referéndum de la ONU, pero el país estaba independizado de hecho de Etiopía desde 1991, cuando el Frente Popular de Liberación de Eritrea formó nuevo gobierno. Desde el conflicto fronterizo con Etiopía (1998-2000) el ex dirigente del Frente Popular de Liberación de Eritrea y actual presidente y dirigente del Frente Popular para la Democracia y la Justicia, Issayas Afewerki, ha pospuesto indefinidamente la introducción de un sistema multipartidista y la celebración de elecciones, elementos clave en la Constitución de 1997. El contencioso fronterizo entre Eritrea y Etiopía aún está sin resolver, y sigue generando una gran tensión en la región. A principios de septiembre de 2006, la ONU volvió a criticar las restricciones del gobierno eritreo sobre el trabajo de observación de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la zona fronteriza, las expulsiones de cinco miembros del personal internacional y la detención de un voluntario de la organización.

No están permitidos los partidos de oposición, las organizaciones independientes de la sociedad civil ni los grupos de defensa de los derechos humanos. Los medios de comunicación no estatales permanecen cerrados desde septiembre de 2001 y hay 14 periodistas detenidos. La crítica al gobierno es reprimida enérgicamente. El culto religioso de grupos a los que se ha negado su inscripción en el registro oficial (es decir, todos menos las iglesias ortodoxa, católica y luterana y el islam) está prohibido, en contra de la protección de la Constitución al derecho a la libertad de creencias.

Varios miles de personas han huido de Eritrea desde 2001. Las que fueron devueltas desde Malta en 2002 y desde Libia en 2004 fueron detenidas y torturadas. Varias personas solicitantes de asilo eritreas han sido rechazadas en países occidentales y algunas están detenidas en espera de una posible expulsión a Eritrea. Hasta ahora se han respetado en general las directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que se oponen a la devolución de los solicitantes de asilo rechazados a Eritrea debido a la mala situación de los derechos humanos en este país. Trescientos solicitantes de asilo eritreos que huyeron a Libia desde Sudán, entre los que hay 80 mujeres y tres menores de corta edad, fueron detenidos en Libia en agosto de 2006 y pueden ser devueltos a Eritrea.

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